La Cámara Federal porteña revocó hoy la inhibición general de bienes dispuesta sobre el patrimonio del expresidente Alberto Fernández en el caso de los seguros contratados por entidades públicas durante su gobierno, pero confirmó al juez de la causa, Julián Ercolini, a quien Fernández había pedido apartar.

La decisión de revocar la inhibición de bienes fue tomada por los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, con la disidencia de Martín Irurzun. La confirmación de Ercolini al frente de la investigación la dispuso Boico, en forma unipersonal.

En cuanto al congelamiento del patrimonio del expresidente, Farah dijo: “La adopción de una medida cautelar gravosa como la inhibición general de bienes requiere, como mínimo y en principio, que se hubiere convocado a declarar a indagatoria a los imputados, por sospecharse su participación en delitos. Esto lo impone la ley. Y aquí, todavía, el juez no lo ha decidido; tampoco lo pidió una parte acusadora. Ni se explicó –ni se ve, hoy- alguna circunstancia excepcional que autorice a salir de esa regla. Obviamente, de avanzarse en la instrucción, modificándose el panorama actual, podrá reexaminarse la cuestión”.

Según Farah, la inhibición ordenada por Ercolini “carece de debido respaldo probatorio”.

Boico coincidió. Dijo que el juez “no ha demostrado cuales son las razones por las cuales considera reunidas las circunstancias excepcionales que habilitan” la inhibición. “El magistrado acudió directamente a la inhibición general de bienes sin definir siquiera que tipo, nivel y límites tendría cada una de las responsabilidades de las personas físicas y jurídicas comprendidas en la medida. Tampoco -y este es un punto vital- sus alcances económicos”, advirtió Boico.

Para Boico, la medida dispuesta contra el expresidente “carece de condiciones elementales de razonabilidad y proporcionalidad”.

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