Durante la segunda semana del plenario de comisiones por la ley ómnibus, juristas le giraron una carta al presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, rechazando la reforma penal que propone el proyecto por limitar la protesta, capítulo que promueve la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su protocolo antipiquetes. “Restringe ilegítimamente derechos políticos básicos”, argumentan.

El documento fue firmado por la Asociación Argentina de Derecho Penal, Alejandro W. Slokar (Presidente, UBA/UNLP), Daniel Erbetta (UNRosario), Omar Palermo (UNCuyo), Ricardo Álvarez (UNLitoral), Carlos Caramutti (UNTucumán ), Marcelo Riquert (UN Mar del Plata), Javier De Luca (UBA), Matilde Bruera (UN Rosario). Los juristas mencionan que la reforma penal de la ley ómnibus “incrementa la punición de específicas conductas vinculadas a reclamos sociales en la vía pública y favorecen privilegios de agentes estatales -por ejemplo la presunción en el uso proporcional de la fuerza- que de seguido se individualizan”.

La iniciativa incorpora en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones y agrava las penas por los cortes de calle. Tanto que a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” del transporte lo castiga con hasta tres años y medio de cárcel; es decir que, de aprobarse esta reforma, el piquete puede tener un castigo de prisión efectiva. Hoy, el máximo de ese delito es de dos años. Además, sanciona especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse.

En ese sentido, la carta agrega que “restringe ilegítimamente derechos políticos básicos como los de reunión, asociación, expresión y petición, que vehiculizan el ejercicio de otros, como los económicos, sociales y culturales”.

Además, el comunicado menciona que “la regulación pretendida incumple las mínimas exigencias impuestas por el sistema universal y regional de protección de los Derechos Humanos, como los principios básicos de subsidiariedad, legalidad estricta, ofensividad y culpabilidad, derivados del Estado de Derecho”.

Los juristas advierten que no hay necesidad para esta reforma, que efectivamente beneficia a agentes públicos, como la policía, e impide el “acceso a la jurisdicción a las víctimas”, por lo que viola los Derechos Humanos y vulnera los compromisos internacionales.

“La urgencia extraordinaria en el tratamiento de los cambios impulsados, que ingresan sin rigor técnico y detalle sistemático, requiere -de contrario- un profundo y preciso tratamiento por ante la Comisión de Legislación Penal en resguardo esencial de nuestro sistema de democracia constitucional que guarda a la ley como su producto más excelso”, cierra.