Neuquén – El fiscal jefe Pablo Vignaroli acusó hoy a tres personas por el delito de usurpación de una propiedad cercana a la ciudad de Añelo.

Durante una audiencia de formulación de cargos Vignaroli solicitó que se les impute el delito de usurpación en carácter de coautores (artículos 181, 55 y 45 del Código Penal).

De acuerdo al relato del fiscal jefe el 5 de de agosto de este año, mediante el uso de violencia, invadieron una propiedad de la firma Mario Cervi e Hijos.

Los imputados junto a un grupo de personas aún no identificadas, llegaron hasta el lugar durante la madrugada y rompieron una tranquera de alambres que impedía el paso y cercaba la propiedad (cortando el alambre) e invadieron el inmueble. Los lotes están identificados como lotes número 7, 9, 10 y 11, matrículas 1287, 1288, 1290, 1291 y 1292 de la localidad de Añelo.

Una vez que ingresaron al lugar, permanecieron durante aproximadamente seis horas, haciendo caso omiso a una intimación de la fiscalía. El desalojo se produjo luego de la intervención del personal policial de la localidad de San Patricio del Chañar.

El juez de garantías encargado de dirigir la audiencia fue Mauricio Zabala.

En principio, los abogados defensores solicitaron la intervención de un traductor de la lengua mapuche para realizar la audiencia.

El fiscal jefe se opuso a este pedido con el argumento que las personas acusadas no pertenecen a una comunidad mapuche reconocida oficialmente y que además las personas acusadas “es claro que entienden el idioma nacional”. Planteó que “distinto sería el caso si estuviéramos ante personas que no entendieran el idioma nacional, ya que de ese modo se verían vulnerados derechos y garantías. Pero aquí no se da ese supuesto y se está tratando únicamente de poner una excusa para impedir la realización” de la audiencia.

Añadió que “este acto procesal tiene como finalidad formalizar la investigación e informar y que entienden las personas acusadas cual es el hecho por el cual se va a iniciar una investigación”.

El magistrado no hizo lugar y la defensa solicitó reserva de impugnación sobre ésta decisión.

En cuanto a la formulación de cargos, el magistrado en su resolución, avaló lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal en todos sus términos. De esta manera dio por válida la acusación y fijó en cuatro meses el plazo para la investigación.

Además, Vignaroli anunció que esta causa será acumulada a otras de similares características que también se dieron en cercanías de Tratayén y que también tramitan en la fiscalía de Delitos Económicas.

La defensa de los imputados fue ejercida por los abogados particulares Micaela Gómiz, Emanuel Guagliardo, Mariano Mansilla y Miguel Ángel Quiruga.