Y este “nuevo” gendarme confesó anoche por primera vez que hirió a un manifestante.

Le tiró una piedra en la espalda, el hombre cayó y fue socorrido por dos mapuches, según le dijo a sus superiores en el Ministerio de Seguridad.

Esta versión fue enviada de inmediato al juez federal Guido Otranto que esta mañana lo indagará, según publica el diario La Nación.

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El gendarme que quedó en la mira había pedido licencia por enfermedad del padre al día siguiente del operativo. Ahora se reincorporó y confesó que hirió a un manifestante.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dicho que la Gendarmería había sido investigada de arriba a abajo. Pero con el correr de los días, el Gobierno dio un giro: de poner las manos en el fuego por la fuerza no descarta ninguna hipótesis.

Anoche, el jefe de Gabinete Marcos Peña admitió la posibilidad de que “algunos gendarmes” puedan estar implicados en la desaparición de Maldonado, pero despegó a la Gendarmería como institución. “Estamos convencidos de que no hay elementos para decir que Gendarmería, como fuerza, esté involucrada en el hecho.

Se está buscando aclarar si algunos de los gendarmes que participaron del enfrentamiento de ese día hicieron algo indebido, o no”, le dijo Peña a TN.

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Peña volvió a respaldar a Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad y dijo que “no es momento de discutir renuncias, cuando todavía no se sabe qué pasó con Maldonado”.

“La ministra dijo que tenemos todas las hipótesis abiertas y que vamos a investigar a fondo sin tapar a nadie. También afirmó que no iba a presumir la culpabilidad de Gendarmería sin elementos concretos”, insistió.

Mientras la Justicia avanza esta mañana con las declaraciones a los gendarmes, Peña se reunirá con un funcionario de la ONU. La familia de Maldonado exige que se conforme una comisión de expertos para garantizar una investigación imparcial. Denuncia connivencia entre el Gobierno y la Justicia.

A todo este estado de confusión, el director del laboratorio de Seguridad de la Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Ariel Garbarz, denunció que el juez Otranto y la fiscal Silvina Ávila no aceptaron recibirlo ayer en Esquel para entregar los resultados de un “primer trabajo de geolocalización” del celular de Maldonado que aportaba “datos de antena y zona” donde fue activado el 2 de agosto pasado, es decir un día después de su desaparición.