Neuquén.- Tras su primer grito de vida, una beba fue asesinada por su mamá, quien ya fue acusada de homicidio agravado por el vínculo. La semana pasada llegaron los resultados de las pericias de ADN que complicaron a la joven madre de 28 años y podría recibir una condena de prisión perpetua. Se investiga si tuvo algún brote de psicosis posparto.

El crimen ocurrió el 22 de abril en Aluminé. La joven ingresó al hospital la mañana de ese sábado requiriendo atención y con signos de haber dado a luz, aunque sin la criatura. Esto llamó la atención de los médicos, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades.

La fiscal Laura Pizzipaulo ordenó allanar la casa de la mujer, donde encontraron dos bolsas de consorcio dentro de una caja. Una de ellas contenía la placenta y en la otra estaba el cuerpo sin vida de la beba de 39 semanas.

La autopsia develó que a la criatura le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza luego de que naciera y después la estrangularon con una remera. En el lugar secuestraron todos los elementos mencionados, más una tijera ensangrentada, con la que se determinó que cortó el cordón umbilical.

Las pericias de ADN solicitadas por la fiscalía determinaron que los vestigios biológicos de los elementos secuestrados en la escena del crimen corresponden a la madre y que por eso se la acusó.

Un dato clave para la investigación es que las primeras pericias determinaron que reconocía la criminalidad de sus actos pero que no recordaba nada de lo sucedido. Esto da pie a la hipótesis de que haya sufrido un brote de psicosis puerperal o posparto. Se trata de un cambio repentino en la condición mental de la mujer luego de dar a luz. La patología prevé no sólo que pueda atacar de inmediato, sino que se pueda hacer daño e incluso llegar al suicidio, confió un psiquiatra a LMN.

Los pesquisas dan cuenta de que la mujer, que tiene tres hijos menores de 5 años, es buena madre, pero podría vivir una relación de pareja compleja. Además, trascendió que escondió su embarazo hasta último momento.

Cuatro: meses es el tiempo que tiene la fiscalía para concluir la investigación e ir a juicio.